El fin de la impunidad

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este jueves la ley que declara imprescriptibles los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura.

La normativa aprobada por el parlamento uruguayo permitirá juzgar a los militares que cometieron delitos durante la dictadura.

La norma fue aprobada por 50 votos sobre un total de 91 legisladores presentes. Solo votó a favor el gobernante Frente Amplio (FA), fuerza que cuenta con mayoría en el Congreso. Ahora se espera su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, los legisladores de la oposición criticaron la aprobación de la ley impulsada por el oficialismo. Consideran que no respeta la voluntad popular.

La reciente iniciativa aprobada del Frente Amplio apunta a recuperar la pretensión punitiva del Estado para los delitos de la dictadura uruguaya entre 1973 y marzo de 1985.

Por otra parte, declara a los crímenes del terrorismo de Estado como delitos de Lesa Humanidad.

La medida busca también dar respuesta al fallo de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia obligó a Uruguay a juzgar los delitos cometidos durante la dictadura en el país. (PÚLSAR)

Lea el comunicado de la organización Amnistía Internacional
Escuche las declaraciones del activista Guillermo Cardozo a la AGENCIA PULSAR

Amnistía Internacional Uruguay manifiesta su preocupación frente a los acontecimientos ocurridos en Haití

COMUNICADO DE PRENSA

AMNISTÍA INTERNACIONAL URUGUAY

Amnistía Internacional Uruguay manifiesta su preocupación frente a los acontecimientos ocurridos en Haití que involucran a militares uruguayos destacados en aquel país como integrantes de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).

MINUSTAH ha sido desplegada en dicho país por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el mandato, entre otras cosas, de proteger a civiles que se encuentren en riesgo inminente de violencia física, apoyar a las instituciones y organizaciones haitianas en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos, y vigilar la situación de los mismos en el país. La comisión de actos como los que han sido reportados que involucran a integrantes del contingente uruguayo de MINUSTAH resultan aberrantes no sólo a la dignidad de la persona humana y contrarios a las obligaciones de derechos humanos de Uruguay, sino también contrarios a los compromisos contraídos por el Estado al contribuir con tropas a este emprendimiento de Naciones Unidas.

Tras el terremoto que asoló a Haití el 12 de enero de 2010 la situación de precariedad de los derechos de la población haitiana creció, lo que fue apreciado por el Consejo de Seguridad cuando adaptó el mandato de MINUSTAH a las nuevas circunstancias por resolución 1908 (2010). Es en situaciones de crisis y emergencia cuando más en peligro se encuentran los derechos humanos. Es en estas circunstancias también en las que todos los actores, incluyendo los cascos azules, deben redoblar los esfuerzos para impedir que se cometan violaciones de derechos humanos y para garantizar el respeto y la realización de los mismos, tal y como establecen los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, los actores implicados en la ayuda humanitaria deben integrar en sus programas la prevención de todas las formas de violencia de género, en particular la violencia sexual, así como la respuesta a las mismas. En especial, los efectivos que sirven en operaciones de Naciones Unidas deben evitar en todo momento cometer cualquier acto que involucre explotación o abuso sexual, actividades sexuales con personas menores de 18 años o el intercambio por dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, o involucrarse en actividades sexuales que afecten su imparcialidad o el bienestar de otros. En general, se prohíbe a los efectivos militares que participan en dichas operaciones cometer cualquier acto que resulte en daño físico, sexual o psicológico a miembros de la población local, en especial mujeres y niños.

Amnistía Internacional Uruguay insta a las autoridades uruguayas a facilitar y llevar adelante las investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas que sean necesarias para esclarecer los sucesos recientemente denunciados. En caso de que se comprueben las denuncias de violencia sexual contra un civil haitiano, el gobierno debe garantizar que los presuntos autores comparezcan ante la justicia penal ordinaria a efectos de dirimir las responsabilidades a que haya lugar. A su vez, el gobierno debe informar sobre los resultados de las investigaciones y procesos que se conduzcan a la presunta víctima, en especial, y también al gobierno y pueblo haitiano, y a las Naciones Unidas. En caso de que la violación o violaciones sean confirmadas y las responsabilidades sean establecidas, el Estado uruguayo debe asegurar que la víctima de dichos abusos reciba una reparación integral consistente con el perjuicio sufrido.

COMUNICADO DE AMNISTÍA URUGUAY SOBRE DECRETO PRESIDENCIAL

1 julio 2011

Uruguay elimina el bloqueo a la investigación de abusos cometidos durante el gobierno militar

El decreto emitido ayer por el presidente José Mujica revoca las decisiones de los presidentes anteriores de bloquear las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía de Uruguay.

“Finalmente se han eliminado los obstáculos a la investigación y el procesamiento de decenas de casos de abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante este periodo”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Uruguay debe ahora administrar justicia para las víctimas y para los familiares de quienes sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad del país.”

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, aprobada tras la vuelta de Uruguay al gobierno democrático, otorgaba al ejecutivo la decisión final sobre qué casos de violaciones de derechos humanos podían investigarse. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los presidentes habían utilizado este poder para archivar casos, permitiendo así que los responsables escaparan de la justicia.

Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, la policía y el ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales sufrieron tortura.

“Estas violaciones de derechos humanos, con su carácter generalizado y sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad y no pueden estar sujetas a prescripción”, ha manifestado Guadalupe Marengo.

En mayo hubo un intento fallido de anular los efectos de la Ley de Caducidad, pero fue rechazado por un estrecho margen en el Congreso; la ley fue confirmada además en dos consultas populares celebradas en 1989 y 2009.

A principios de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay era responsable de la desaparición, en 1976, de María Claudia García de Gelman, y de ocultar la identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman. La Corte resolvió que la Ley de Caducidad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ordenó al Estado que eliminara los obstáculos que la ley imponía, para que se pudieran llevar a cabo investigaciones y se pudiera llevar a los responsables ante la justicia.

Más informaciones, en la web de Amnistía Internacional, sección Uruguay

25 AÑOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN URUGUAY

Amnistía es un movimiento que trabaja por un mundo en el que los derechos humanos sean respetados, realizando investigaciones y acciones tendientes a impedir los abusos que se cometen contra las personas. Desde 1985 la organización está instalada en Uruguay, por lo que están cumpliendo 25 años en nuestro país. Para dar a conocer las actividades que se realizan con motivo del aniversario, así cómo los principales aspectos del informe publicado en 2010 "El estado de los derechos humanos en el mundo", nos contactamos con Ivahanna Larrosa, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional sección Uruguay.


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AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LA VOZ DE MELO

La nueva campaña de Amnistía Internacional apunta al combate a la pobreza. Se llama "Exige Dignidad". En Dominio Público, entrevistamos a Cecilia Opiso, encargada de Campañas y Activismo de la sección Uruguay de la organización.


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