Uruguay elimina el bloqueo a la investigación de abusos cometidos durante el gobierno militar
El decreto emitido ayer por el presidente José Mujica revoca las decisiones de los presidentes anteriores de bloquear las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía de Uruguay.
“Finalmente se han eliminado los obstáculos a la investigación y el procesamiento de decenas de casos de abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante este periodo”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Uruguay debe ahora administrar justicia para las víctimas y para los familiares de quienes sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad del país.”
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, aprobada tras la vuelta de Uruguay al gobierno democrático, otorgaba al ejecutivo la decisión final sobre qué casos de violaciones de derechos humanos podían investigarse. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, los presidentes habían utilizado este poder para archivar casos, permitiendo así que los responsables escaparan de la justicia.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, la policía y el ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales sufrieron tortura.
“Estas violaciones de derechos humanos, con su carácter generalizado y sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad y no pueden estar sujetas a prescripción”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
En mayo hubo un intento fallido de anular los efectos de la Ley de Caducidad, pero fue rechazado por un estrecho margen en el Congreso; la ley fue confirmada además en dos consultas populares celebradas en 1989 y 2009.
A principios de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay era responsable de la desaparición, en 1976, de María Claudia García de Gelman, y de ocultar la identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman. La Corte resolvió que la Ley de Caducidad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ordenó al Estado que eliminara los obstáculos que la ley imponía, para que se pudieran llevar a cabo investigaciones y se pudiera llevar a los responsables ante la justicia.
Más informaciones, en la web de Amnistía Internacional, sección Uruguay
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